Lanzamiento del número 43(2) de UNSW Law Journal
A Europa se le exige cada vez más que asuma una mayor responsabilidad por su propio bienestar y seguridad. El debate sobre el fortalecimiento de la capacidad de Europa para ejercer influencia y actuar en función de sus intereses gira en torno a conceptos como autonomía estratégica y -sobre todo en Francia- soberanía europea. Pero rara vez se definen estos términos o se explican sus implicaciones políticas y prácticas.
En esta publicación, la autonomía estratégica se define como la capacidad de fijar prioridades y tomar decisiones en materia de política exterior y seguridad, junto con los medios institucionales, políticos y materiales para llevarlas a cabo, en cooperación con terceros o, si es necesario, en solitario. Este concepto abarca todo el espectro de la política exterior y la seguridad, y no sólo la dimensión de la defensa. La autonomía es siempre relativa. Políticamente significa estar cada vez más preparado, un proceso más que una condición. La autonomía no significa ni autarquía, ni aislamiento, ni rechazo de las alianzas. No es un fin en sí misma, sino un medio para proteger y promover valores e intereses.
PRESENTACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO
La libertad colectiva de Cataluña encuentra en las instituciones de la Generalitat el nexo con una historia de afirmación y respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas de la persona y los pueblos; historia que Los hombres y mujeres de Cataluña quieren continuar para hacer posible la construcción de una sociedad democrática y avanzada, de bienestar y progreso, solidaria con el conjunto de España e incardinada en Europa.
El pueblo catalán sigue proclamando hoy como valores superiores de su vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, y expresa su voluntad de avanzar por una senda de progreso que asegure una calidad de vida digna para todos. los que viven y trabajan en Cataluña.
Cataluña es una comunidad de personas libres para personas libres donde todos pueden vivir y expresar identidades diversas, con un decidido compromiso comunitario basado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.
El autogobierno de Cataluña se fundamenta en la Constitución, así como en los derechos históricos del pueblo catalán que, en el marco de aquélla, dan lugar a este Estatuto al reconocimiento de una posición singular de la Generalitat. Cataluña quiere desarrollar su personalidad política en el marco de un Estado que reconozca y respete la diversidad de identidades de los pueblos de España.
Red Reforma Penal Ya
La Comunidad de Madrid va a iniciar la tramitación urgente del Proyecto de Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, con el fin de modificar el artículo 15 del Estatuto de Autonomía, de forma que se faculte al Consejo de Gobierno para dictar disposiciones Medidas legislativas provisionales en forma de Decreto Ley en caso de urgente y extraordinaria necesidad.
Los decretos-leyes deberán ser convalidados expresamente por la Asamblea de Madrid tras su debate y votación en pleno, por lo que el Parlamento regional mantiene la capacidad de ratificación o derogación y, en su caso, de enmienda y modificación. Asimismo, los decretos-leyes podrán tramitarse como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Corresponde al Consejo de Gobierno declarar este procedimiento de urgencia, tal y como se regula en el artículo 27.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. La tramitación por urgencia implicará que los plazos previstos para realizar los trámites del procedimiento de elaboración se reducirán a la mitad.
Otras comunidades autónomas ya han reformado sus Estatutos de Autonomía para permitir a los Consejos de Gobierno regionales dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de Decreto Ley. Se trata de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y Navarra, esta última con la reforma parcial de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Las universidades alemanas y austriacas en la
En todo el mundo se utilizan poderes obligatorios para detener y tratar a personas que se considera que tienen problemas de salud mental. En el Reino Unido, la mayoría de las personas con estos problemas reciben tratamiento de forma voluntaria, en la comunidad. Sin embargo, en momentos de crisis aguda de salud mental, algunas pueden ser internadas obligatoriamente en interés de su propia salud o seguridad, o para la protección de otras personas.
En Inglaterra y Gales, la decisión de internar o no a una persona la toman normalmente un profesional de salud mental autorizado y dos médicos. Estas decisiones suponen un reto ético, porque implican eliminar la autonomía de una persona. Permiten detenerlas y administrarles medicación en contra de su voluntad.
En el discurso de la Reina de 2022, Boris Johnson reafirmó la intención de su gobierno de reformar la Ley de Salud Mental. “Nuestras leyes de salud mental están anticuadas”, dijo Johnson antes del discurso. “Toda persona merece ser tratada con dignidad, y es nuestro deber garantizar que se protegen y respetan los derechos y libertades de los más vulnerables de la sociedad”. Aunque muchas de las medidas que anunció son loables, se necesitarán mejores recursos y financiación para que sean eficaces.